Una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) revela un esquema de corrupción donde funcionarios de la Tenencia de Carreteras de Melipilla retiraban vehículos de circulación de forma irregular a cambio de pagos en efectivo.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha encendido las alarmas tras presentar una querella criminal que pone al descubierto una presunta red de corrupción en la Tenencia de Carreteras de Melipilla. El caso involucra a seis funcionarios de Carabineros y dos civiles vinculados al Aparcadero Custodias Nacionales (ACN), en un esquema de coimas que evoca los peores capítulos del denominado «Caso Grúas».
El Modus Operandi: Retiros de autos «por fuera» del sistema
Según el escrito judicial, el fraude consistía en el retiro injustificado de vehículos de las vías públicas para ser trasladados exclusivamente al aparcadero ACN en San Bernardo. Para evitar ser detectados por la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), los carabineros utilizaban un método simple pero efectivo:
- Registro parcial: Solo informaban legalmente el primer retiro de cada jornada.
- Operación en las sombras: Los vehículos restantes eran sacados de circulación sin ser ingresados a las plataformas oficiales.
- Cobro por unidad: Fuentes judiciales confirman que el tarifario de las coimas era de $40.000 por camión y $20.000 por automóvil.
«Permiso que me voy a pagar»: Las frases del descaro
La investigación, apoyada por testimonios internos y el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, detalla escenas de una impunidad sorprendente. Testigos relatan haber visto a funcionarios manejando fajos de billetes en la oficina del Jefe de Tenencia.
La frase que da nombre a la controversia, “permiso que me voy a pagar”, habría sido pronunciada entre risas por uno de los cabos involucrados tras recibir su parte del dinero ilícito. Además, chats de WhatsApp revelaron que los propios uniformados presionaban a los intermediarios del aparcadero cuando los pagos se atrasaban: «Los colegas están reclamando mucho que el hombre no se acerca a entregar $», decía uno de los mensajes.
Nexos con el «Caso Grúas»
Este escándalo no es un hecho aislado. La querella del CDE vincula directamente estos hechos con el «Caso Grúas», una investigación que desde 2021 rastrea la asociación ilícita entre policías y empresas de custodia vehicular.
Entre los querellados civiles figura Francisco Cortez Loveras, gerente de operaciones de ACN y exfuncionario de Carabineros, quien ya tenía antecedentes por robo con intimidación tras ser dado de baja en 2008.
Delitos y consecuencias
El CDE estima que los hechos, ocurridos principalmente entre 2019 y 2020, constituyen delitos de cohecho agravado para los carabineros y soborno para los civiles. La acción judicial busca determinar la responsabilidad total de los involucrados, quienes habrían llegado incluso a desaparecer permisos de circulación vigentes de conductores para justificar los traslados irregulares al corral.
About The Author
